Condenan por soborno a Díaz Alperi, exalcalde de Alicante, y a Enrique Ortiz

La Audiencia Provincial absuelve a otra exalcaldessa y a los cinco acusados restantes por falta de pruebas

La Audiencia de Alicante ha condenado al pago de multas de 6.000 y 18.000 euros, respectivamente, al exalcalde de la capital de esta provincia Luis Díaz Alperi y al empresario Enrique Ortiz como autores de un delito de soborno, en el marco de la causa derivada del llamado ‘caso Brugal’ relativa al diseño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad.


La Sala, en cambio, los ha absuelto, igual que ha hecho con la también exalcaldessa Sonia Castedo y con los cinco acusados restantes, por falta de pruebas o prescripción de las infracciones penales, de delitos de corrupción de autoridades o funcionarios públicos, tráfico de influencias, prevaricación, revelación de secretos y aprovechamiento de información privilegiada.


La sentencia , que consta de 295 páginas y que ha sido notificada este miércoles a las partes, puede ser recorrida ahora en casación ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo.


Los hechos juzgados se remontan en los años 2008, 2009 y 2010, periodo en el cual culminó la elaboración del PGOU de Alicante y su exposición pública.


Las magistradas de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial que han dictado la resolución únicamente han considerado como hechos susceptibles de condena el regalo de una chaqueta de lujo realizado por Enrique Ortiz a Castedo  en la navidad de 2008 y el goce de un viaje en Creta en avión privado, por importe de 36.000 euros, por parte de Luis  Díaz Alperi en agosto de ese año.

Respecto a la chaqueta sin embargo, el Tribunal considera prescrito el delito de soborno  impropio pasivo en que podría haber incurrido la regidora. En cuanto al viaje regalado a Díaz Alperi, la Sala cree que no ha quedado probado que fuera costeado por Ortiz, sino por otro empresario no acusado en este procedimiento, quién lo hizo “en atención al cargo político” que tenía el entonces alcalde.


La Audiencia ha desestimado la mayoría de cuestiones previas planteadas por las defensas de los acusados relativas a la posible vulneración de derechos fundamentales durante la instrucción.


Así, aunque ha validado la mayoría de las intervenciones telefòniques efectuadas durante la instrucción, sí que ha declarado la nulidad de las prórrogas de las escuchas realizadas a la mujer del empresario condenado.


También ha invalidado la validez de las pruebas relativas a las posibles irregularidades del PGOU alicantino, recogidas en algunos registros, porque estos habían sido ordenados para investigar hechos de otra de las ramas del ‘caso Brugal’.


En líneas generales, el Tribunal considera que no existen pruebas que los exalcaldes Díaz Alperi y Castedo   facilitaron información reservada sobre el planeamiento urbanístico ni que influyeron en técnicos y funcionarios para beneficiar a Ortiz a cambio de diferentes obsequios y regalos.


 

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