Detenidos para fingir ser operarios de compañías eléctricas en Castelló

Han sido detenidas 58 personas, y otras 12 investigadas, como presuntos responsables de cometer 167 estafas a nivel nacional que los habrían reportado más de 220.000 euros de beneficio
Han obtenido más de 220.000 euros de beneficio | Cedida

Agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, de manera conjunta, han llevado a cabo una investigación que ha permitido desarticular a un grupo criminal asentado en las provincias de Barcelona y Castelló dedicado, presuntamente, a la comisión de estafas mediante el engaño a los amos o responsables de comercios y negocios, principalmente hostelería


Para lo cual, los detenidos contaban con información privilegiada obtenida por los líderes de la organización, dado que habían trabajado como comerciales o subagentes de empresas comercializadoras de empresas luz o gas, o bien para estar en posesión de suficientes conocimientos técnicos sobre el sector.

Después de efectuar denominadas a los comercios y facilitar datos verídicos y creíbles sobre los contratos con las diferentes compañías suministradoras de energía, los convencían de la existencia de pagos sin ejecutar, con la consiguiente deuda con las compañías suministradoras contratadas.

Amenazaban a sus víctimas

Así, bajo la amenaza que procederían al corte inminente del suministro si no abonaban la deuda , causaban el temor a sus víctimas, y ante un posible corte de luz que comportaría la pérdida de material comestible y cancelaciones de clientes que harán uso de sus servicios, decidían hacer efectivos esos pagos mediante transferencias bancarias a cuentas que los facilitaban los estafadores


La investigación se inició al detectar una serie de denuncias con el mismo denominador común a lo largo de todo el territorio nacional, principalmente, de zonas turísticas de Tenerife y Las Palmas de Grande Canarias.


Un entramado personal y profesional para dar credibilidad a sus propósitos

El grupo había creado un entramado personal y profesional para dar cobertura al fraude, conseguint estafar a un gran número de víctimas mediante la persuasión porque ejecutaron pagos por las supuestas deudas contraídas con su distribuidora. Todo esto siempre bajo la amenaza inminente que si no accedían a sus pretensiones los cortarían la luz con el consiguiente perjuicio económico que provocaría el no poder atender sus clientes y poder echarse a perder las mercancías perecederas.


Una vuelta convencida la víctima  que la manera más rápida de evitar el corte de suministro era efectuar una transferencia bancaria, se le facilitaba un número de cuenta bancàri vinculado a la organización, así como las instrucciones porque efectuará el más rápido posible el pago en línea.


Realizado el ingreso, los estafadores retiraban el dinero en cajeros, o bien transferían los fondos a terceras cuentas otros componentes de la organización, conocidos como mulas, y así conseguien evitar que el dinero no fuera bloqueado o reembolsado al pagador

El objetivo: dilatar la reacción de las víctimas

Con el objetivo de dilatar la reacción de las víctimas se efectuaban los llamamientos en fin de semana, cuando los comercios están en periodo de máxima afluencia, conseguint retrasar que las víctimas efectuaron gestiones para verificar si esta deuda era verídica.


Los organizadores de la trama estaban en posesión de datos reales de clientes a causa de sus vinculaciones laborales como comerciales o subagentes de empresas comercializadoras. Estos conocimientos los permitían dar un alto valor de credibilidad a sus palabras que conseguien convencer a las víctimas.


Un fraude superior a los 200.000 euros

A lo largo de la investigación se ha podido determinar que unas 167 personas han sido víctimas de las estafas del grupo investigado, ascendiendo el valor total del defraudado además de 220.000 euros, si bien el número de afectados podría ser muy mayor en no haberse concluido las investigaciones.


Durante el periodo afectado por el coronavirus, el grupo modificó el destino de los llamamientos con motivo del efecto de las restricciones para la apertura de los comercios, y así se detectaron numeroses telefoneadas a negocios de primera necesidad, como por ejemplo panaderías.


Equipo Conjunto de Investigación Policía Nacional-Guardia Civil

El desarrollo de la investigación fue obstaculizado por la dispersión de las víctimas a lo largo del territorio nacional, lo cual dificultaba la recopilación de datos y denuncias dado que alcanzaban zonas con diferente competencia de investigación policial. 

Por todo esto se creó un Equipo Conjunto de Investigación integrado por los Grupos de Policía Judicial de Policía Nacional y de Guardia Civil, de Barcelona y competentes en investigación tecnológica, con el fin de aunar esfuerzos y que permitió desmantelar a este grupo criminal.


Se ha procedido a la detención de un total de 58 personas, y otros 12 figuran como investigadas, entre cabecillas y colaboradores, todos ellos vecinos de las provincias de Barcelona y Castelló, por la presunta comisión de los delitos de pertenencia a grupo criminal, estafa y blanqueo de capitales. Del mismo modo se han practicado un total de cinco entradas y registros en los domicilios de los máximos responsables de la organización, que a su vez pudieron a cuerpo descubierto en uno de ellos la existencia de una plantación de marihuana.

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