La investigación judicial sobre la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024 ha acumulado 71 tomos, 646 resoluciones y 690 declaraciones, al acercarse su segundo aniversario. La catástrofe causó 233 muertes en la provincia de Valencia y la instrucción seguirá abierta, al menos, hasta el 30 de abril de 2027.
La jueza de Catarroja Nuria Ruiz Tobarra abrió diligencias previas un día después de la tragedia, inicialmente por las 75 muertes registradas en su partido judicial. Desde enero de 2025 centraliza la investigación penal y, desde marzo de ese año, se dedica a ella en exclusiva.
La dimensión de la instrucción
El juzgado instructor ha dictado 592 resoluciones, entre autos, providencias, diligencias de ordenación y decretos. A estas se suman 54 autos de la Audiencia de Valencia que han resuelto recursos de apelación, según el Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJCV).
La causa contiene 449 piezas: una por cada persona fallecida, además de las correspondientes a familiares perjudicados y personas lesionadas. También reúne 13 acusaciones populares y numerosas acusaciones particulares, muchas agrupadas en asociaciones de víctimas.
Los 71 tomos suman miles de folios. Con una media aproximada de 500 páginas por tomo, el expediente alcanzaría unos 35.500 folios.
La investigación analiza 233 homicidios y lesiones imprudentes. Estudia si la ausencia de decisiones para proteger a la población y los retrasos o errores en el aviso estuvieron relacionados con las muertes.
La jueza ha prorrogado varias veces la instrucción por su complejidad y la gravedad de los hechos investigados. La última ampliación fija como fecha límite el 30 de abril de 2027.
Abogados personados consideran difícil que la causa pueda cerrarse para entonces. La describen como ‘exhaustiva’ y ‘minuciosa’, aunque reconocen ‘la rapidez y eficacia’ de la magistrada, que resuelve con prontitud los escritos presentados.
Cada declaración puede generar nuevas solicitudes de diligencias. Por ello, los letrados consultados creen que la investigación todavía puede prolongarse.
Dos investigados y centenares de testimonis
Desde el 10 de marzo de 2025 hay dos personas investigadas: Salomé Pradas, exconsellera de Justicia e Interior, y Emilio Argüeso, su antiguo número dos y exsecretario autonómico de Emergencias.
Pradas dimitió tres semanas después de la dana y ha acudido tres veces al juzgado. Argüeso fue destituido un mes después de las inundaciones.
Ante la jueza han declarado cientos de testigos, entre ellos familiares de víctimas, responsables y trabajadores de emergencias, peritos y representantes políticos. También han comparecido integrantes del núcleo de Carlos Mazón en la Presidencia de la Generalitat.
Entre los testimonios figuran el de la periodista que comió con Mazón aquel día y el de Susana Camarero, vicepresidenta primera del Consell. También han declarado alcaldes de municipios afectados y bomberos forestales.
La lista incluye a Pilar Bernabé, exdelegada del Gobierno; Vicent Mompó, presidente de la Diputación de Valencia; y Miguel Polo, presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar.
Asimismo, han testificado José Ángel Núñez, jefe de Climatología de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en València, y Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP.
La investigación ha incorporado numerosos informes de Emergencias de la Generalitat. Estos documentos han permitido conocer que el 112 recibió 19.821 llamadas aquel día, la mayoría a las 17 horas.
Además, la causa espera saber si Meta puede recuperar desde Estados Unidos los mensajes que José Manuel Cuenca, exjefe de gabinete de Mazón, intercambió con él durante la jornada.
La situación de Carlos Mazón
Tras quince meses de instrucción y tres ofrecimientos para declarar, la jueza pidió en febrero al TSJCV que imputara a Mazón. La magistrada no podía hacerlo directamente porque él está aforado como diputado autonómico.
La instructora consideró que su ‘exclusión voluntaria’ de la emergencia ‘tuvo una repercusión decisiva’ en las muertes. Sin embargo, en marzo el TSJCV rechazó abrir una causa penal contra el expresident.
El tribunal entendió que Mazón no tenía la ‘posición de garante’ en la gestión de la emergencia. En junio, la Audiencia de Valencia admitió su personación en la causa.
En su primer escrito, Mazón sostuvo que no tuvo responsabilidad por omisión en la catástrofe. La jueza señaló que su tesis exculpatoria atribuía la responsabilidad a su exconsellera.
Fuentes judiciales consideran que ‘no es probable’ que Mazón acabe encausado por la gestión de la dana, aunque ‘sí posible’. Esa opción dependería especialmente de un eventual cambio de estrategia de Pradas.
Las mismas fuentes creen que todavía falta mucho para llegar al juicio oral. También sostienen que la instrucción ha permitido conocer ‘muchísimas cosas’ sobre lo ocurrido.
En sus resoluciones, la jueza ha indicado que el fenómeno no era ‘imprevisible’ y que las muertes ‘se podían evitar’. Entre las posibilidades mencionadas figura un Es-Alert que no hubiera sido ‘tardío’ ni hubiera tenido un contenido ‘errado’.
